¿QUÉ ES UNA REFORMA?
Una reforma es un cambio o modificación que se realiza a una norma o a un sistema establecido con el objetivo de mejorar su funcionamiento, adaptarlo a nuevas realidades o corregir aspectos que se consideran inadecuados o ineficaces. En el contexto legal, una reforma puede involucrar la modificación de leyes, códigos o constituciones, y busca ajustar el marco normativo a las necesidades sociales, políticas o económicas del momento.
ANALISIS DE LA REFORMA AL PODER JUCIAL
Las reformas al sistema de justicia penal en México han generado un amplio debate en torno al equilibrio entre la seguridad pública y la protección de los derechos humanos. Una de las modificaciones más controversiales ha sido la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, medida que implica la detención automática de una persona sin necesidad de que un juez evalúe el caso individualmente.
Este análisis examina el impacto de esta reforma en el sistema penitenciario, la independencia judicial y el respeto a los principios fundamentales del debido proceso. A través de una revisión de su contexto, sus implicaciones y las críticas de organismos nacionales e internacionales, se busca determinar si esta medida realmente contribuye a la reducción de la criminalidad o si, por el contrario, representa un retroceso en la protección de las garantías individuales en México.
La prisión preventiva oficiosa ha demostrado aumentar las tasas de encarcelamiento, lo que contribuye al sobrepoblamiento carcelario y agrava la discriminación hacia las personas involucradas en el sistema de justicia penal. De hecho, el encarcelamiento como una política de seguridad pública se ha consolidado en México desde 2006, con la militarización como eje central de la estrategia en materia de seguridad. El 8 de octubre de 2023, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, mostrando una apuesta decidida por una política de seguridad centrada en el uso de la fuerza y el encarcelamiento.
Estas políticas, de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), están impulsadas por discursos de alto contenido emocional que responden más a razones de oportunidad política que a un análisis empírico de la efectividad. La falta de evidencia en cuanto a la reducción de la criminalidad a través de la prisión preventiva contrasta con estudios que demuestran que esta medida aumenta las tasas de reincidencia y hace más ineficiente el uso de recursos públicos, además de estigmatizar a las comunidades.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió la prisión preventiva oficiosa como una herramienta esencial para enfrentar los elevados índices de inseguridad en el país. Esta figura implica la detención provisional de una persona mientras se lleva a cabo la investigación de su responsabilidad penal, siendo considerada como la medida cautelar más grave que se puede aplicar a un acusado, ya que implica su encarcelamiento sin una condena previa.
De acuerdo con la Corte IDH, la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente los siguientes derechos:
1) Viola el derecho a la libertad personal.
2) Es contraria al principio de igualdad y no discriminación.
3) Carece de finalidad cautelar.
4) Limita el papel de la autoridad judicial.
5) Se convierte en una medida que escapa a todo control real.
Incremento del uso de la prisión preventiva en el contexto de la reforma judicial actual
El uso de la prisión preventiva, una figura controvertida, se incrementará bajo la reciente reforma al Poder Judicial, principalmente debido a la restricción de la independencia judicial que caracteriza a la misma, así como al riesgo evidente de incumplir con el control de convencionalidad.
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), uno de los principales efectos negativos de la prisión preventiva oficiosa es que limita el papel de la autoridad judicial, convirtiéndola en una medida que se aplica sin un control real. Al depender exclusivamente de la aplicación de la norma constitucional, los jueces se ven privados de la capacidad para evaluar y decidir si corresponde o no imponerla. Este problema, cuando se contextualiza dentro de la reforma al Poder Judicial, que, como ha señalado la Relatora Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de la CIDH, pone en peligro la autonomía de los jueces, crea un escenario donde se dificulta la protección de garantías esenciales del debido proceso legal.
Además, existe una alta probabilidad de incumplimiento del control de convencionalidad, establecido en la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011. El control de convencionalidad es un mecanismo que obliga a las autoridades a garantizar la mayor protección de los derechos humanos, en línea con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de la Corte IDH y otros tratados interamericanos. En el contexto de la reforma judicial, este mecanismo se ve amenazado, ya que la selección de jueces sin los méritos y capacidades necesarias podría resultar en un incumplimiento de la obligación de aplicar correctamente el derecho internacional en materia de derechos humanos. Esto podría llevar a la imposición de una normativa que, aunque constitucional, es incompatible con el principio pro persona, lo que comprometería aún más las garantías de las personas acusadas.
Esta reforma legislativa, especialmente en el contexto actual, plantea serias preocupaciones en el ámbito de la justicia penal y los derechos humanos. Aunque parece probable que se apruebe, es fundamental recordar la importancia del control de convencionalidad, que aplica no solo a los jueces, sino a todas las autoridades, como última herramienta para garantizar los principios básicos del debido proceso y prevenir la aplicación arbitraria de una pena antes de una condena.
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